Acceso a medicamentos: uno de los síntomas más visibles de la crisis del sistema de salud en Colombia

Actualidad economica y sectorial06-04-2026

El sistema de salud en Colombia lleva un tiempo en cuidados intensivos. Los problemas financieros de las EPS, la falta de algunos medicamentos y el debate en torno al valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) evidencian una crisis estructural que se ha profundizado con los años y que hoy define el estado del sector.

Uno de los reflejos más visibles de este deterioro está en el abastecimiento y uso de los medicamentos. Lejos de ser un problema exclusivamente logístico, la escasez y las dificultades en su entrega responden a fallas estructurales de financiación, gestión y control del gasto dentro del sistema.

En ese sentido, el análisis debe comenzar por un diagnóstico general. Examinar su situación financiera, la sostenibilidad de las EPS y el balance entre ingresos y gastos resulta clave para entender cómo estas tensiones han terminado por impactar la disponibilidad y el uso de estos insumos médicos. 

Sistema en un estado complejo

Las dificultades en el sistema de salud se han venido acentuando en los últimos años por la insuficiencia presupuestal y financiera para cubrir en su totalidad el Plan de Beneficios en Salud (PBS) y por los efectos que la acumulación de deudas ha tenido en el flujo de recursos.

De acuerdo con un informe de la Procuraduría General de la Nación (PGN), esto ha tenido un efecto en la prestación de los servicios. Las cifras muestran que en 2024 el número de atenciones en salud cayó a $369 millones, es decir, $61 millones menos que lo registrado en 2022 ($430 millones).

En consecuencia, en ese mismo periodo se reportaron 1,6 millones de quejas de pacientes, un 23 % más que las interpuestas en 2023. Además, se interpusieron 265.173 tutelas, un 188 % más que en 2021.

El espejo de la crisis

Actualmente, el Gobierno Nacional tiene bajo intervención a siete EPS que en conjunto suman más de 23 millones de afiliados. De estas, la que concentra el riesgo más alto es la Nueva EPS, la aseguradora de salud más grande del país.

La PGN también ha alertado que los gastos de la aseguradora han crecido por encima de sus ingresos. Para hacerse una idea, en 2022, el costo de prestación de servicios de salud representaba el 95,6 % de lo facturado; mientras que, en 2023, después de la intervención, el costo llegó al 121 % de los ingresos y un año después al 104 %.

“En dos años de intervención, la Nueva EPS perdió toda su capacidad de respuesta para garantizar el derecho fundamental a la salud de sus afiliados; perdió su capacidad financiera para el pago a la red de servicios médicos y proveedores y su capacidad administrativa”, destacó el ente de control. 

A la fecha, la entidad tiene más de 13,5 millones de facturas sin auditar y para 2025 se interpusieron más de 131.000 tutelas en su contra. Además, acumula más de 33.000 incidentes de desacato. 

El problema de la UPC

Para entender por qué el sistema de salud está desfinanciado, es necesario introducir un término: la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

La UPC es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social para cumplir las prestaciones del PBS. Para 2026, esta unidad se fijó en un valor diario de $4.608 para el régimen contributivo y de $4.282 para el subsidiario. 

Este dinero se gira a las EPS a través de la Administradora de Recursos para la Salud (Adres) y la cantidad es definida por el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta varios factores que impactan directamente en el costo de la atención médica.

El problema radica en que, según han advertido varios actores del sector, el incremento se ha quedado corto ante la realidad actual del gasto en el sector. 

En ese contexto, la Corte Constitucional lleva varios años advirtiendo las fallas en la metodología actual. Tanto así que, a través del Auto 007, ordenó a la cartera de Salud revisar y reajustar técnicamente la UPC para cubrir el rezago desde 2021.

Pero esa desfinanciación no es un asunto abstracto ni contable. Se traduce en retrasos en los pagos a hospitales, clínicas y proveedores, así como en una menor capacidad de compra y tensiones en la cadena de suministro. 

La fractura en el abastecimiento de medicamentos

En la práctica, todos estos desajustes se hacen especialmente visibles en el acceso y disponibilidad de medicamentos, un componente que representa una proporción significativa del gasto en salud y que hoy refleja con claridad las fracturas del sistema.

La cadena de dispensación de medicamentos es operada en gran parte por los gestores farmacéuticos, quienes se encargan de asegurar la disponibilidad y el flujo continuo desde la producción hasta el consumo final. Es precisamente en este punto donde reaparecen las alertas financieras del sistema, que terminan impactando la forma en que se abastecen y distribuyen los fármacos contenidos en el PBS. 

A finales del año pasado, la Corte Constitucional emitió un auto de seguimiento (Auto A-1282/25) en el que advirtió que el flujo de recursos actual estaba limitando la dispensación de medicamentos. Dicha situación se ve reflejada en el incremento entre 2022 y 2025 en las quejas asociadas a la no entrega, entrega incompleta o inoportunidad de acceso a medicinas. 

Según el alto tribunal, entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2025, 18 de las 29 EPS que operan en el país reportaron haber recibido 622.666 PQRS asociados a dificultades en este rubro. 

La Sala también reunió datos sobre los valores adeudados a 14 gestores farmacéuticos y cuyos montos rozaban el nivel de los $4,1 billones. En ese sentido, alertó que la magnitud de los recursos involucrados no solo comprometía la transparencia financiera del sistema, sino también la sostenibilidad operativa de esos actores. 

Para tener una imagen más clara, del total de gestores que informaron cuál EPS les adeuda el mayor monto, un 28,57 % señaló a la Nueva EPS como la principal deudora. Le siguen EPS Sura, Coosalud EPS y Sanitas, mencionadas por el 14,29 % de los consultados.

En ese contexto, la Corte hizo énfasis en que, más allá de tratarse de cifras o balances financieros, esta crisis debe recordar que detrás de cada deuda no saldada y cada mora con los pagos hay millones de vidas que esperan atención, tratamientos que se postergan y profesionales de la salud que enfrentan limitaciones para cumplir con su labor. 

“Aunque el dinero no es un tema menor, toda vez que es indispensable para garantizar insumos, medicamentos, tecnologías y talento humano, es urgente que las autoridades se humanicen de esta realidad”, señala el auto. 

A principios de marzo de 2026, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afindro), en alianza con la firma sectorial, presentó la última actualización del estudio de cartera de la industria farmacéutica.

El reporte, con cierre al cuarto trimestre del 2025, presenta una radiografía de la situación de morosidad en el sistema de salud, con miras a dimensionar el volumen de recursos que las compañías farmacéuticas aún están pendientes por recibir por cuenta de los medicamentos y tecnologías que ya fueron entregados.

Según el informe, al cierre del año la cartera total de la industria alcanzó $4,75 billones. De ese monto, los gestores farmacéuticos concentran el 61 % de la cartera total, con $2,9 billones.

De ese total, además, se desprende que $1,8 billones corresponden a cartera vencida, es decir, todas esas facturas que ya superaron los plazos de pago establecidos; mientras que la cartera castigada, aquella considerada irrecuperable, pasó de representar el 3,59 % en septiembre de 2025 al 6,53 % en diciembre del mismo año, duplicándose en apenas tres meses.

Los datos también evidenciaron que el tiempo promedio que tarda el sistema en pagar sus obligaciones se ubica actualmente en 196 días. Esto se traduce en 62 días más que los reportados un año atrás.

El síntoma de una crisis estructural

El problema de los medicamentos termina funcionando como un termómetro de la salud del sistema. Las dificultades en su disponibilidad no solo responden a fallas en la logística o en la distribución, sino a un entramado de tensiones financieras que atraviesan toda la cadena, desde el aseguramiento hasta la dispensación final.

Mientras la brecha entre los ingresos del sistema y el costo real de la atención siga ampliándose, las presiones sobre el abastecimiento farmacéutico continuarán siendo uno de los puntos más visibles de la crisis. En otras palabras, más allá de las cifras de cartera o de los balances financieros, el reto de fondo sigue siendo garantizar que los recursos del sistema se traduzcan en acceso oportuno a tratamientos para los pacientes.

Fuentes: 

• Así Vamos en Salud: https://asivamosensalud.org/ 

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