Colombia y la suspensión de la Regla Fiscal: implicaciones estructurales para la economía

Actualidad economica y sectorial25-07-2025

La reciente decisión del Gobierno colombiano de suspender por tres años la Regla Fiscal, respaldada por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), representa un hito con profundas implicaciones para el marco macroeconómico del país. Esta medida, sustentada en la cláusula de escape de la Ley 1473 de 2011, abre una etapa de mayor flexibilidad para el gasto público, pero al mismo tiempo desencadena una serie de efectos sobre la credibilidad fiscal, la sostenibilidad de la deuda y la percepción de los inversionistas, que obligan a un análisis riguroso.

Desde una perspectiva histórica, Colombia ha mantenido un compromiso relativamente sólido con la disciplina fiscal. La Regla Fiscal, creada precisamente para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y evitar el sesgo procíclico del gasto, ha sido un ancla institucional clave para preservar la confianza de los mercados. 

Su suspensión solo había ocurrido anteriormente durante la crisis del covid-19 en 2020, cuando el shock económico global justificaba ampliamente medidas extraordinarias. Sin embargo, el contexto actual no presenta elementos similares de excepción: el país creció un 1,6 % en 2024 y se proyecta que podría avanzar un 2,6 % en 2025, en un contexto en el que se han observado desaceleraciones graduales en la inflación y reducciones en las tasas de interés.

Desbalance fiscal persistente y la sobreestimación de ingresos

La motivación explícita del Gobierno para activar la cláusula de escape reside en la necesidad de financiar una estructura de gasto creciente, impulsada por compromisos sociales y reformas estructurales como la pensional, en un entorno de menores ingresos fiscales. La nueva meta de déficit para 2025, que se eleva a 7,1 % del PIB, es la más alta desde 1905 excluyendo el año pandémico.

En ausencia de un recorte de gasto, el balance podría incluso deteriorarse hasta 7,8 %, de materializarse un menor recaudo frente a la expectativa revelada en junio, lo que llevaría también a una elevación en el nivel de deuda pública por encima del 63 % del PIB para este año. 

El desafío de fondo es que, más allá del nivel del déficit, la trayectoria fiscal refleja una falta de consolidación estructural. Oxford Economics, en un reciente análisis, señala que las transferencias fiscales continúan ubicándose tres puntos del PIB por encima del nivel prepandemia, mientras que el limitado espacio de incremento en el recaudo se ha traducido en una revisión a la baja de los ingresos esperados para 2025 de 0,7 % del PIB. A esto se suma un creciente gasto inflexible que dificulta cualquier intento de ajuste gradual.

Implicaciones para el mercado de deuda: más TES, más repos, más incertidumbre

En la reunión con Creadores de Mercado en junio, el Ministerio de Hacienda dejó claro que el financiamiento del mayor déficit implicará un aumento en las emisiones de deuda pública. 

El Plan Financiero 2025 contempla una adición de $50 billones, de los cuales $13 billones corresponden a nuevas subastas de TES, mientras que otros $20 billones serán cubiertos mediante operaciones de repos del Tesoro, instrumentos que, aunque no afectan directamente la curva de rendimientos, sí aumentan la dependencia de financiamiento de corto plazo. También se activarán $16 billones adicionales en TES de corto plazo (TCO), y se prevén colocaciones por $2 billones con entidades públicas, además de emisiones internacionales por un máximo de $3 billones.

Si bien las medidas recientes han estado diseñadas para financiar el mayor déficit y garantizar la liquidez necesaria, la retadora situación fiscal se ha traducido en un incremento en el costo de endeudamiento hasta niveles máximos durante el 2024 y 2025.

La credibilidad fiscal, en el centro del debate

Más allá de las métricas fiscales, el impacto más profundo de la suspensión de la Regla Fiscal está relacionado con la pérdida de credibilidad institucional. Para analistas como Renzo Merino, de Moody’s, y Luis Fernando Mejía, de Fedesarrollo, esta decisión confirma que el deterioro observado en 2024 no será corregido en 2025. La pérdida de una herramienta normativa clara para anclar las expectativas fiscales pone en entredicho la capacidad del país para estabilizar sus finanzas en el mediano plazo.

De hecho, Moody’s fue enfática al señalar que esta medida representa un factor negativo en su evaluación, y aunque la calificación soberana de Colombia ya cayó a Baa3 sugiere que una rebaja más podría ser inminente si no se presenta un plan de ajuste creíble en las próximas entregas del Plan Financiero y el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

El componente institucional ha sido clave para sostener la calificación dentro del grado de inversión, y el debilitamiento de ese soporte podría resultar en la pérdida de ese estatus, como ya ocurrió con Fitch y S&P.

La decisión también se convierte en una prueba para la independencia y capacidad de acción del Banco de la República. Si el gasto público sigue expandiéndose sin una fuente clara de financiamiento, el emisor podría verse obligado a mantener las tasas de interés en niveles altos para contener presiones inflacionarias derivadas del mayor endeudamiento, afectando la dinámica de inversión y recuperación económica.

Efectos colaterales: inversión extranjera, dólar e inflación

El deterioro en la percepción de riesgo fiscal también puede manifestarse a través de canales indirectos. Un aumento en el diferencial soberano, como ya se ha observado desde finales de 2024, encarece los flujos de capital hacia Colombia y presiona al alza el tipo de cambio, lo que a su vez puede generar efectos inflacionarios. En este contexto, la inversión extranjera directa, particularmente la no estructural, enfrenta mayores obstáculos ante la incertidumbre jurídica y fiscal.

De esta manera, aunque aún no hay una consecuencia inmediata y directa sobre los mercados, sí hay un efecto acumulativo sobre la percepción del país. El deterioro progresivo de la confianza en la política fiscal se traduce en mayores primas de riesgo, menor acceso al crédito externo en condiciones favorables y una caída en el apetito por activos soberanos colombianos.

Este deterioro también podría tener implicaciones en la relación del país con organismos multilaterales. La suspensión de la Regla Fiscal podría comprometer la continuidad de herramientas como la Línea de Crédito Flexible del FMI, que en abril de 2024 condicionó su vigencia a dos revisiones adicionales, una de las cuales evaluaría justamente el compromiso fiscal de mediano plazo.

Así, la apuesta del Gobierno por una expansión del gasto sin consolidación clara de ingresos plantea una interrogante sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas más allá del actual mandato. Oxford Economics sostiene que, aunque los riesgos de largo plazo podrían atenuarse si un nuevo gobierno con enfoque fiscal más ortodoxo asume en 2026, la actual pérdida de credibilidad tiene efectos que no se revierten automáticamente con un cambio de administración.

Por su lado, J.P. Morgan advierte que la política fiscal colombiana enfrenta entonces una disyuntiva compleja: preservar el financiamiento de programas sociales sin comprometer la estabilidad macroeconómica ni la percepción externa.

La suspensión de la Regla Fiscal debilita el anclaje institucional que ha permitido al país transitar, con tropiezos, pero con cierto orden, por décadas de choques internos y externos. La ausencia de una narrativa fiscal creíble y la incertidumbre sobre el origen de los recursos adicionales –ya sea vía deuda interna, externa o una eventual reforma tributaria– agravan el panorama.

Fuentes:

• Notas Fiscales y Directrices Económicas MinHacienda 
  https://www.minhacienda.gov.co/politica-fiscal/reglas-y-sostenibilidad-fiscal/cifras-regla-fiscal 

   

¿Te pareció útil este contenido?