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Causas y efectos de la deserción universitaria en Colombia y programas que emergen ante coyuntura

Actualidad economica y sectorial30-10-2025

Tiempo de lectura: 6 minutos

Por Equipo editorial
Capital Inteligente
Grupo Bancolombia

Foto de tres estudiantes universitarios caminando por un pasillo.

En Colombia, la deserción en la educación superior es un fenómeno que afecta a estudiantes de todas las regiones, impulsado por factores relacionados con el entorno, las relaciones familiares, las condiciones económicas o los aspectos personales, obstaculizando el correcto aprendizaje y desarrollo integral del ser humano, tanto en instituciones públicas como privadas. 

Este fenómeno representa una pérdida individual y también un problema social que compromete el progreso del país, ya que limita la formación de capital humano calificado, esencial para el desarrollo económico y la equidad social.

El Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES), del Ministerio de Educación Nacional, define que un estudiante se clasifica como desertor del sistema de educación superior cuando no se ha matriculado por dos o más periodos consecutivos en algún programa académico. Esta definición permite dimensionar el alcance de la problemática y establecer líneas de acción para los involucrados, como entidades públicas y privadas. 

Según cifras de SPADIES, en 2023 la tasa de deserción anual se ubicó en 8,97 %, mientras que la tasa de ausencia intersemestral (TAI) fue de 12,40 %, mostrando una leve reducción frente al 2022, cuando alcanzó el 12,54 %. Aunque estas cifras podrían sugerir avances, el fenómeno sigue siendo preocupante, pues detrás de cada número existe una historia de desigualdad, frustración y falta de oportunidades.

Gráfica comparativa de la tasa de deserción y la tasa de ausencia intersemestral en Colombia entre 2010 y 2023.

Un estudio de Sapiencia, la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín, revela que las razones más frecuentes de deserción son las laborales (20,6 %), el disgusto con el programa académico (8,8 %), el bajo rendimiento académico (6,7 %), el incumplimiento de requisitos para renovación de beneficios (5,1 %), y los problemas de salud mental (4,6 %) o física (1,6 %). No obstante, un 42,7 % corresponde a otras causas, lo que demuestra la complejidad y multifactorialidad del problema.

Precisamente, la experta María José Chávez explica que “a nivel individual, los estudiantes que abandonan sus estudios universitarios enfrentan pérdida de autoestima y también la reducción de oportunidades laborales y de ingresos. La falta de un título universitario puede restringir su acceso a empleos mejor remunerados y dificultar el avance en sus carreras profesionales, lo que tiene un impacto directo en su calidad de vida”. 

A esto se suma que “los efectos de la deserción universitaria se extienden a la esfera económica y al desarrollo social de los países. La falta de profesionales capacitados puede limitar la capacidad de innovación y competitividad de las empresas, así como perpetuar la desigualdad social y económica”, indica Chávez.

Estos hallazgos permiten comprender que la deserción no es un problema individual del estudiante, sino un síntoma de un sistema educativo que, en muchos casos, no logra responder a las condiciones reales del país. 

Las desigualdades económicas, las brechas digitales, las limitaciones en el acompañamiento psicosocial, la falta de orientación vocacional y las condiciones laborales precarias son factores que se combinan para incrementar el riesgo de abandono académico.

La información de Sapiencia también evidencia que la deserción se presenta en todos los niveles de la educación superior: universitario, técnico y tecnológico.

Gráfica comparativa de tasa de deserción anual según el nivel de formación entre 2010 y 2023.

Hasta 2023, el nivel técnico profesional concentró el mayor porcentaje (17,18 %), seguido del tecnológico (13,6 %) y, finalmente, el universitario (7,82 %). Estos datos reflejan una tendencia clara: los programas técnicos y tecnológicos —que suelen acoger a jóvenes de contextos socioeconómicos más vulnerables— presentan los mayores niveles de abandono, lo cual refuerza la necesidad de políticas diferenciadas y sostenibles que atiendan las realidades de cada población estudiantil.

Respuesta de sectores a la problemática nacional

Ante este panorama, diversas instituciones de educación superior han implementado estrategias orientadas a reducir la deserción y fortalecer la permanencia. Estas acciones parten del reconocimiento de que la permanencia no depende únicamente del rendimiento académico, sino también de factores emocionales, económicos y sociales. 

Como ejemplo está la Universidad de los Andes, que recientemente relanzó ‘Vamos Pa’lante’, una iniciativa que reúne a diversas instituciones de educación superior, empresas privadas y ciudadanos con el objetivo de financiar becas para estudiantes en riesgo de abandonar sus estudios. 

Este programa ha logrado recaudar hasta el momento más de $56.000 millones, recursos que han permitido transformar la vida de más de 7.000 estudiantes en todo el país. Para esta octava edición, que se desarrolla en 2025, se espera consolidar un fondo superior a los $100.000 millones en los próximos tres años, con el propósito de apoyar a 12.000 jóvenes.

Otra iniciativa destacada reciente corresponde al Fondo Futuro creado por las universidades CES, EIA, EAFIT, Universidad Pontificia Bolivariana – UPB y Universidad de Medellín, las cuales han unido capacidades y visión para crear esta alternativa de financiación educativa con condiciones sostenibles, que facilitará el acceso y la permanencia de más jóvenes en la educación superior a partir del segundo semestre de 2025.

El fondo espera beneficiar cerca de 2.500 estudiantes en los próximos cinco años. Para ello, este modelo pretende financiar hasta el 100 % del valor de la matrícula y operará bajo dos esquemas: corto y largo plazo. Así, durante el semestre, el estudiante pagará el 30 % del valor de la matrícula hasta en seis cuotas, y el 70 % restante se comenzará a pagar una vez finalice su plan de estudios; considerando la posibilidad de un periodo de gracia de hasta seis meses para el inicio del pago.

A propósito, Claudia Restrepo, rectora de la Universidad EAFIT, explica que el propósito es dar oportunidades para un mayor acceso a la educación superior. “Por esta razón, nos hemos unido cinco universidades alrededor de esta causa creando un fondo solidario de financiación con el que queremos ser aliados de todos estos jóvenes que hoy quieren acceder a la educación superior, pero que, por causas económicas, no pueden hacerlo”.

Por su parte, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, explica que este modelo es una decisión que alivia las cargas económicas “en el momento en que los jóvenes más necesitan concentrarse en su formación”.

Néstor Raúl Posada Arboleda, rector de la Universidad de Medellín, agrega que este esfuerzo conjunto representa un modelo más humano y sostenible, pensado para que los recursos económicos no sean una barrera en el camino hacia el título profesional. 

De otro lado, los programas del fondo Sapiencia en Medellín han incorporado estrategias de acompañamiento integral, becas, créditos condonables, matrícula cero y monitorías académicas, todas orientadas a garantizar que los estudiantes puedan continuar sus estudios. Incluso, el programa de Bilingüismo ha fortalecido la permanencia estudiantil al brindar nuevas herramientas de empleabilidad y movilidad académica.

El análisis de SPADIES evidencia que los estudiantes con puntajes más bajos en las pruebas Saber 11 presentan una mayor probabilidad de deserción, lo que indica una relación directa entre la calidad de la educación básica y media y la permanencia en la educación superior. 

De igual forma, los jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos tienen menos posibilidades de continuar sus estudios, ya que las condiciones materiales y simbólicas de sus entornos familiares limitan su capacidad de concentración, su acceso a recursos tecnológicos y su estabilidad emocional.

En respuesta a esta realidad, también se han desarrollado políticas de apoyo como la Política de Gratuidad “Puedo Estudiar”, que en 2024 alcanzó una inversión de $2,3 billones, beneficiando a más de 846.000 estudiantes en 64 instituciones públicas. 

Este tipo de iniciativas son fundamentales, pero deben ir acompañadas de estrategias que fortalezcan la orientación vocacional, la salud mental, el acompañamiento académico y la flexibilización curricular. No se trata solo de permitir el ingreso a la universidad, sino de garantizar las condiciones necesarias para permanecer y culminar con éxito la formación.

A pesar de la leve disminución que ha presentado en los últimos años, según cifras de SPADIES, la deserción universitaria debe seguir entendiéndose como un problema nacional y multidimensional que requiere la articulación de esfuerzos entre el Estado, las universidades, el sector privado y la sociedad civil. La educación superior no puede concebirse únicamente como un derecho individual, sino como un bien público que repercute directamente en el desarrollo económico, la movilidad social y la construcción de una ciudadanía más equitativa. 

Finalmente, más allá de las cifras, cada estudiante que abandona sus estudios es una oportunidad truncada para el país. Por eso, fortalecer las políticas de permanencia no solo es un deber institucional, sino una inversión social estratégica que determina el rumbo del desarrollo nacional.


Fuentes:

 

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